Una alternativa estratégica para volver a crecer con empleo

Las implicancias de una Argentina partida en dos

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la economía argentina muestra un crecimiento agregado del 6,5% del PBI. Sin embargo, la frialdad de los números esconde una peligrosa realidad dual: una economía que se mueve a dos velocidades. Por un lado, un puñado de sectores transables vinculados a los recursos naturales —la agroindustria (+26%), la minería y la energía (+23%)— se expanden de forma vigorosa traccionando el indicador general. Por el otro, el núcleo generador de empleo del mercado interno —la industria manufacturera (-13%) y la construcción (-12%)— se desploma de forma dramática.

Esta divergencia sectorial quebró la histórica relación entre el crecimiento del PBI y la creación de trabajo. Mientras la actividad sube, el empleo privado formal se contrae, acumulando una pérdida de alrededor de 210.000 asalariados registrados desde fines de 2023. La explicación más estructural radica en que las actividades extractivas o de ventajas competitivas naturales son intensivas en capital pero sumamente limitadas en su capacidad de absorber mano de obra. El agro, la minería y la energía, combinados, apenas representan un porcentaje mínimo de la ocupación total y, de hecho, registraron una leve retracción en su demanda laboral.

Como consecuencia, las 175.000 ocupaciones destruidas en la industria están siendo reasignadas hacia servicios no transables de baja productividad e informalidad, como el cuentapropismo en transporte de plataformas, reparto y comercio ambulante. No estamos ante una transición modernizadora, sino ante un proceso de degradación de las condiciones de vida: se destruyen puestos con plenos derechos, paritarias y aportes previsionales, y se los reemplaza por estrategias de supervivencia de ingresos inestables.

La dualidad productiva se refleja de manera directa en el territorio. El crecimiento se concentra geográficamente en provincias impulsadas por el fenómeno no convencional de Vaca Muerta (Neuquén registra una suba del 22,7% en su Producto Bruto Geográfico) o la minería crítica en el eje cordillerano. En contraste, el mapa federal productivo se tiñe de rojo: el resto del país sufre contracciones sistemáticas de su actividad industrial, empleo registrado y del stock de empresas vivas debido al apagón industrial y de la obra pública.

Si no se interviene de manera urgente, el riesgo latente no será meramente una brecha estadística de velocidades, sino la consolidación irreversible de «dos Argentinas»: una minoritaria, integrada al mundo y generadora de divisas; y otra mayoritaria, estancada, precarizada y excluida de los beneficios del desarrollo.

El trabajo en el centro

La producción de bienes y servicios y la generación de empleo de calidad no son subproductos secundarios del ordenamiento macroeconómico; son el corazón de cualquier proceso de crecimiento sostenido que pretenda ser condición para el desarrollo. La estabilidad de precios es una plataforma necesaria, pero si se construye destruyendo el empleo y pisando los salarios, se transforma en un cementerio productivo. El trabajo formal y bien remunerado es el principal mecanismo de distribución del ingreso en el capitalismo moderno y el motor fundamental de la demanda interna que sostiene a las pequeñas y medianas empresas de todo el país.

La idea de que los dólares de la energía o la minería van a «derramar» riqueza de forma automática hacia el resto de la sociedad ignora cómo funciona la estructura productiva argentina. Los enclaves exportadores pueden mitigar las tensiones de nuestras cuentas externas y estabilizar el balance de pagos a corto plazo, pero si no se encadenan con sectores que demanden mano de obra calificada, generan sociedades profundamente desiguales y economías regionales fracturadas.

La verdadera sustentabilidad macroeconómica requiere que la desinflación no se logre mediante una recesión autoinducida que licúe el poder adquisitivo, sino mediante un aumento genuino de la productividad del trabajo, coordinando políticas de ingresos que cuiden el salario real como activo social.

En este punto es también importante entender el cambio tecnológico al que asistimos y en dónde estará concentrado el empleo en el futuro. Si bien la industria y el comercio seguirán protagonizando las dotaciones de empleo nacional, en lo que viene la industria no será gran generadora de empleo (sí de innovación, exportaciones y volumen económico), por lo que no se puede pensar un plan productivo sin considerar que el futuro del empleo está en los servicios; las necesidades de cuidado, las industrias culturales, la construcción, los servicios basados en el conocimiento, la logística y el transporte, entre otros.

El contexto global ¿Qué hacen los «países que nos gustan»?

La narrativa oficialista local pretende justificar la destrucción del empleo industrial bajo la premisa de que la apertura irrestricta forzará una migración virtuosa de recursos hacia sectores genuinamente competitivos. Sin embargo, el dogmatismo libertario de retirar al Estado de toda planificación camina a contramano de la evidencia empírica global.

En el escenario internacional de la post-pandemia, los gobiernos avanzados aplican, en promedio, cinco veces más políticas industriales que las economías de ingresos medios o bajos, entendiendo que el mercado por sí solo no garantiza empleos de alta calificación ni soberanía tecnológica.

En efecto, los «países que nos gustan» intervienen activamente:

• Estados Unidos: Financia con más de USD 50.000 millones la Ley CHIPS y Ciencia para subsidiar la fabricación local de semiconductores, exigiendo la creación de empleo registrado y el fortalecimiento de la investigación científica en su territorio.
• La Unión Europea: Coordina la Alianza Europea de Baterías (EBA 250), involucrando a más de 800 actores en una economía circular que busca proteger la autonomía industrial y el empleo calificado europeo frente a la competencia de China.
• Brasil: Impulsa el programa Nova Indústria Brasil (NIB), movilizando 300.000 millones de reales a través del BNDES para modernizar su tejido productivo, estableciendo como meta que el 95% de la maquinaria para la agricultura familiar sea de fabricación nacional, blindando así sus puestos de trabajo fabriles.

Argentina, en cambio, camina en sentido opuesto. Baste comprobar el proceso de desmantelamiento de la Ley de Compre Argentino y de los programas de desarrollo de proveedores (PRODEPRO), herramientas que habían demostrado que el 85% de las pymes participantes lograba contratar más personal gracias a su inserción en cadenas de valor estratégicas y el 97% mejoraba su productividad.

Una política productiva que no repita el pasado

Para demostrar las ventajas de nuestra alternativa en el debate público y encontrar un espacio de escucha en la sociedad, debemos realizar una profunda autocrítica sobre cómo se implementó la política industrial en el pasado.

Sostener de forma crónica esquemas de protección arancelaria rígida o regímenes especiales desvinculados de metas estrictas de productividad e innovación (como ocurrió en experiencias como Tierra del Fuego, o la estrategia desplegada respecto a los insumos difundidos, o incluso algunas ramas mercado-internistas de muy baja productividad) terminó aislando a sectores que no lograron niveles internacionales de competitividad. Proteger sectores sin metas exigibles de política pública ni fecha de vencimiento, sumado a regulaciones cambiarias oscilantes que se extendieron más allá de lo recomendable como herramientas permanentes, terminó asfixiando la dinámica exportadora y distorsionando la estructura productiva.

La nueva propuesta productiva no debe subsidiar la ineficiencia, sino promover sectores con capacidad de competencia, innovación y, fundamentalmente, alta densidad de empleo formal. El debate de la competitividad debe salir de la trampa simplista de «más o menos impuestos».

Ser competitivos para generar empleo sustentable requiere bienes públicos: inversión en infraestructura de transporte para bajar costos logísticos, hubs de transferencia tecnológica para pymes, certificación de calidad para exportar y financiamiento accesible para la inversión productiva.

En síntesis, una política horizontal que fortalezca la competitividad y una política específica de segmentos y subsegmentos a promover por su aporte en materia de empleo, exportaciones, desarrollo regional, innovación y tecnología. Que se valga del ecosistema científico tecnológico en estrecha vinculación y retroalimentación con la esfera productiva, agregando valor y desarrollando productos y servicios de punta, dado que existen capacidades hoy subutilizadas. Que ponga foco en agendas desatendidas como las de calidad y certificaciones de sostenibilidad, el sistema nacional de calidad y la promoción de capacidades para tener no solo más exportaciones sino, fundamentalmente, más empresas exportadoras y potenciales proveedoras de nivel internacional.

A modo de ejemplo, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) actual comete el error crítico de atraer capitales sin exigir ninguna meta de integración con el entramado local. Fomentar los grandes desembolsos es indispensable, pero su impacto en el empleo será marginal si se configuran como enclaves aislados. El RIGI debe reformularse para obligar a las corporaciones a desarrollar proveedores locales en minería, petróleo, gas y agrobioindustria. El verdadero multiplicador del empleo no es la extracción primaria, sino la red de pymes metalmecánicas, de software aplicado, de ingeniería civil y de servicios tecnológicos que se construyen alrededor de esos grandes proyectos.

Qué promover en una hoja de ruta para construir Futuros Mejores

Un futuro mejor para la Argentina demanda articular las riquezas de base natural con la capacidad manufacturera y tecnológica para multiplicar los puestos de trabajo formales:

• Industria manufacturera: Es el corazón histórico del empleo de calidad y, si bien su densidad a futuro puede cambiar, no así su importancia. Explica casi el 20% del empleo formal privado, paga salarios un 16% superiores al promedio general y aporta el 56% de la inversión privada en investigación y desarrollo. Se deben potenciar los segmentos más estratégicos: la transición hacia la electromovilidad, la fabricación de bienes de capital para el agro y la energía, segmentos de química básica y aplicada y los insumos difundidos, incentivando la inversión en tecnología e innovación, la competencia para la producción a precios competitivos y la formación intensiva de capital humano.  
• Energía y Minería: Deben dejar de ser meras actividades extractivas de divisas. El foco debe estar en la agregación de valor local: desarrollo petroquímico a partir de Vaca Muerta, refinamiento local y fabricación de componentes avanzados (como cátodos y celdas para baterías de litio), traccionando una densa red de proveedores locales.
• Agrobioindustria: Escalar la transformación de proteínas en origen. Fomentar la biotecnología aplicada (como los desarrollos nacionales de semillas resistentes a la sequía) y la maquinaria agrícola 4.0, dinamizando el empleo calificado en las economías regionales.
• Economía del Conocimiento: Potenciar las enormes capacidades de talento profesional local en todas las ramas de servicios basados en el conocimiento (profesionales, informáticos y tecnológicos de información, biotecnológicos, industria audiovisual e ingeniería aplicada) con un marco normativo y cambiario estable, con foco en el sostenimiento de posiciones frente a un cada vez más desafiante contexto competitivo internacional. Este sector es clave por su carácter profundamente federal, su capacidad de inserción global y su potencial para emplear masivamente a jóvenes profesionales en servicios basados en el conocimiento.
• Turismo: Consolidar el desarrollo de la infraestructura turística como un complejo estratégico de alta intensidad de mano de obra y rápida inserción de empleo joven a nivel federal, actuando como un captador directo de divisas genuinas.

Sin la macro no se puede, pero con la macro sola no alcanza

El orden macroeconómico debe ser la plataforma de despegue —y nunca el freno— de una estrategia industrial y tecnológica audaz que ponga al trabajo digno y al desarrollo federal en el centro del destino nacional.