Por Ernesto Mattos. Estudios agrarios FM. Investigador IDEPI-UNPAZ / FCE-UBA. / Breno Nunes Chas. FM / AEN-CCC. / Lucía Cirmi Obon. Futuros Mejores.
La construcción de un futuro de prosperidad para la Argentina exige una política agropecuaria que esté a la altura de las potencialidades de nuestro país. El punto de partida de cualquier política agropecuaria alternativa debe ser el rechazo de la falsa dicotomía entre campo e industria. La Argentina tiene hoy una estructura productiva desequilibrada en la que el agro ocupa un lugar central en la generación de divisas y condiciona las posibilidades de desarrollo del resto de la economía: mientras la industria manufacturera mantiene un saldo comercial negativo, el complejo agropecuario continúa financiando buena parte del funcionamiento externo del país.
Pero eso no significa que el agro y la industria sean adversarios, como pareciera forzarnos a aceptar el actual gobierno. Significa que la clave está en construir una estrategia que los articule junto con el comercio, el financiamiento, la tecnología, la infraestructura y el mercado interno, con el objetivo de que el sector agropecuario no funcione solo como fuente de divisas de corto plazo sino como palanca para diversificar la estructura productiva, fortalecer capacidades nacionales y ampliar el desarrollo territorial.
El potencial productivo y la posibilidad de alimentar a toda la Argentina
Argentina posee 14 millones de hectáreas de tierras negras, las más aptas del mundo para producir alimentos según la FAO. Solo cuatro países concentran más del 70% de esas tierras a nivel global: Rusia, Kazajstán, China y Argentina. Sobre esa base se producen principalmente cereales y oleaginosas —soja, maíz y trigo— bajo esquemas de doble cultivo que combinan cereales de invierno con cultivos de verano. Estos productos representan el 94% de los seguros agrícolas del sector y son la principal fuente de divisas del complejo agroalimentario, junto con la industria de alimentos y bebidas. Los productos regionales —algodón, papa, lechería, arroz, mandioca, peras y manzanas, producción aviar, yerba mate, cítricos— generaron en 2025 un superávit comercial de 12.000 millones de dólares, confirmando la amplitud y diversidad del potencial exportador argentino.
Sin embargo, a pesar de ese potencial, las cifras de la FAO para el período 2015-2025 revelan una realidad alarmante: en ese mismo país 14 millones de personas padecen hambre y se alimentan de forma irregular, y 5 millones se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema, con incertidumbre diaria sobre su acceso a la alimentación. Esta crisis no es solo una tragedia humana sino un desperdicio masivo de capital nacional: una población mal alimentada representa capacidades productivas y de desarrollo truncadas. Asegurar la base alimentaria no es únicamente un imperativo ético sino una condición estratégica para el desarrollo. Argentina produce mucho de lo que consume, pero la exportación de esa producción tensiona los precios internos. El desafío central es lograr precios estables y accesibles para abastecer a la población sin desatender las exportaciones que generan divisas. Para eso se requiere una reorganización que asegure los principales productos —carnes, lácteos, farináceos, legumbres, hortalizas y frutas— hacia las necesidades reales de la mesa de los argentinos.
Inserción internacional
El contexto internacional cambió de manera significativa. La disputa por fuentes de energía fósil mientras se buscan otras alternativas incluye estratégicamente asegurar zonas aptas para producir alimentos. El presidente Perón dijo en 1973 que la Argentina, con alimentos y energía, sería el país del futuro. Aquel futuro es este presente: Vaca muerta y las tierras negras pampeanas.
El Acuerdo Mercosur–Unión Europea, junto con las exigencias crecientes de trazabilidad, estándares ambientales, certificaciones sanitarias y escala productiva, abre oportunidades pero también puede profundizar asimetrías. Argentina no compite en abstracto: compite con países que ya están organizando metas de producción, sistemas de certificación, logística, diplomacia comercial y envíos concretos. Brasil es el caso más evidente, por su escala, su coordinación público-privada y su velocidad de respuesta. En ese marco, no alcanza con discutir retenciones, apertura o costos de manera aislada.
Llegar primero y mejor a los mercados requiere planificación, información productiva, financiamiento, infraestructura, certificación y negociación comercial. A contrapelo de esta oportunidad histórica, la política exterior comercial del gobierno actual —centrada exclusivamente en el acuerdo con Estados Unidos y el acuerdo con la Unión Europea— ata de manos la planificación propia y no contempla la búsqueda activa de mercados alternativos en América Latina, África y Asia. Una política de inserción inteligente debe diversificar destinos y no quedar subordinada a una única ecuación de apertura comercial.
Además, una política agraria nacional debe diferenciar sectores, escalas y regiones. No es lo mismo la situación de los grandes complejos extensivos —soja, maíz, trigo, carne— que la de las economías regionales, las producciones intensivas en empleo, las hortalizas, frutas, legumbres, cultivos industriales, cooperativas y productores pequeños y medianos. La apertura comercial no impacta de igual manera sobre todos. Por eso se requieren mecanismos de defensa productiva inteligente: salvaguardas, financiamiento específico, asistencia técnica, infraestructura logística, caminos rurales, riego, conectividad y políticas diferenciadas por cadena productiva. En particular, es necesario revisar los programas focalizados de corto plazo que fragmentan la intervención nacional y priorizar herramientas de alcance universal —como el crédito a tasas asequibles a nivel regional— capaces de generar transformaciones estructurales sostenibles y contribuir al arraigo de las familias rurales. El caso del limón y su ingreso al mercado estadounidense ilustra cómo exportar más no implica abandonar actividades intensivas en trabajo y arraigo territorial, sino integrarlas a una estrategia de mayor productividad, calidad y acceso a mercados.
Innovación tecnológica y articulación institucional
El sector agropecuario argentino ha sido un pilar de la innovación y puede volver a serlo si se articula con una estrategia nacional de desarrollo tecnológico. La clave no está solo en el productor individual ni en el mercado externo, sino en la convergencia entre Estado, universidades públicas, INTA, INTI, CONICET, UTN y el sistema científico-tecnológico en su conjunto, junto con empresas, cooperativas y entramados regionales. Sin embargo, esa articulación está hoy obstaculizada por disputas históricas entre estos organismos, los distintos ministerios y diversos sectores de la comunidad nacional. Se requiere una visión orientadora que los coordine, disciplinando asperezas en pos de un objetivo nacional único que supere la segmentación política y técnica.
Esa articulación debería orientarse en dos etapas. En una primera, sustituir importaciones estratégicas —maquinaria agrícola de alta tecnología, insumos químicos, fertilizantes y autopartes para la producción rural— y desarrollar tecnologías aplicables en plazos concretos en las áreas de bioinsumos, semillas, logística, trazabilidad, industrialización de alimentos y servicios tecnológicos. En una segunda etapa, construir una trama empresarial agroindustrial, comercial y financiera capaz de disputar mercados regionales y extrarregionales con productos argentinos de mayor valor agregado.
El modelo brasileño de EMBRAPA —empresa pública federal con patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, orientada al desarrollo de tecnología e innovación para el campo y la seguridad alimentaria— es una referencia relevante. EMBRAPA logró la proeza de hacer productivas tierras originalmente no aptas para la agricultura. Argentina debe desarrollar una capacidad equivalente, pero con un enfoque soberano que parta de la experiencia de YPF Agro y la asocie con capacidades ya desarrolladas en el sistema científico nacional. Un ejemplo concreto es la soja resistente a la sequía desarrollada por la UNLitoral en conjunto con Bioceres: ese tipo de esfuerzo científico debe orientarse hacia los productos de consumo popular, asegurando calidad y disponibilidad de alimentos esenciales.
En materia de insumos, el Estado actúa a través de YPF Agro en la provisión de fertilizantes y combustible. Sin embargo, la venta de la participación de YPF en Profertil a favor de Adecoagro y ACA representó una pérdida estratégica significativa. La dependencia de importaciones en un insumo crítico como los fertilizantes implica un gasto de aproximadamente 1.200 millones de dólares por año. Retomar y ampliar el rol de YPF Agro representa una posibilidad de mejora, transformándola en una agencia nacional de insumos agropecuarios que coordine, regule y fomente la producción local de fertilizantes, agroquímicos, bioinsumos y otros insumos estratégicos. En términos logísticos, la experiencia de EMAPA en Bolivia —empresa estratégica de acopio en productos clave como leche, huevo, harina y pan que permitió estabilizar precios y proteger el salario real— es otro antecedente valioso a considerar.
Almacenaje, embarque e infraestructura logística
Una política agropecuaria integral no puede ignorar quién controla los eslabones finales de la cadena. El pesaje de lo que se exporta está completamente en manos de empresas privadas. Por ese motivo, resulta clave instrumentar una estrategia federal de recuperación mixta en la regulación de terminales de almacenaje y embarque, desarrollada en conjunto con las provincias, y orientada a evitar abusos de mercado en enclaves estratégicos como el corredor del río Paraná. Por ese tránsito marítimo se recaudan entre 200 y 300 millones de dólares por año, cifra que justifica una presencia estatal activa en su regulación. Esto debe complementarse con inversión en infraestructura portuaria, ferroviaria y de caminos rurales para la integración de las comunidades cercanas a esos corredores logísticos.
Derechos de exportación e instrumentos fiscales
Los derechos de exportación (DEX) son un factor clave de la dinámica productiva argentina, por eso no pueden reducirse a una dicotomía de «sí o no». Constituyen un instrumento complejo con múltiples funciones —cambiarias, redistributivas, de incentivo al valor agregado— y su diseño importa tanto como su existencia. Mientras los DEX representan una presión impositiva del 0,85% del PIB, el impuesto al cheque llega al 1,65% y las cargas sobre el empleo casi al 2,2%. La reducción de derechos de exportación implementada en 2025 no generó el aumento de recaudación esperado, lo que confirma que existen otras variables determinantes y que simplificar el debate en torno a este instrumento conduce a errores de diagnóstico.
En tal sentido, un posibilidad estratégica sería avanzar en políticas particulares y superadoras, como la de mecanismos de devolución parcial para pequeños productores —hasta 750 u 800 toneladas— como complemento a una estructura de DEX diferenciada. Entre 2014 y 2015 Argentina implementó esquemas de derechos segmentados por volumen o región, complementados con reintegros de impuestos internos, que pueden servir como antecedente para un diseño superador. Con parte de la recaudación de los DEX sobre harina de soja, aceite de soja, maíz y girasol —aproximadamente el 1% de esas exportaciones— podría financiarse un Fondo de Infraestructura Agropecuaria y Logística orientado a mejorar caminos rurales, riego, conectividad, transporte fluvial, almacenamiento y acceso a puertos, incluyendo el desarrollo de una empresa de barcazas de alcance nacional. Adicionalmente, las retenciones de IVA y Ganancias a favor de las empresas exportadoras podrían deducirse de otros gastos o transformarse en líneas de financiamiento para la actividad principal de esas empresas.
Arraigo y trabajo rural
El arraigo es una de las características más destacadas del sector productor argentino: el 57% de los productores reside de forma permanente en el campo que trabaja y el 72% combina tareas de gestión con trabajo físico cotidiano. En cuanto a la tenencia de la tierra, predomina la estabilidad: el 79% es propietario directo, el 8% trabaja bajo arrendamiento y el 6% gestiona en el marco de sucesiones indivisas. El principal desafío para el diseño de políticas está en el plano formativo: aunque una parte de los productores alcanzó estudios superiores, apenas el 4% recibió educación con orientación agropecuaria específica. La mayoría adquirió sus saberes mediante la práctica empírica y la transmisión intergeneracional. De ahí que instrumentar políticas formativas de asistencia técnica, extensión, capacitación y transferencia tecnológica con enfoque territorial y de género constituya una posibilidad de maximizar las enormes potencialidades del sector.
Para fortalecer el arraigo, se propone una política de arrendamiento agropecuario que favorezca la estabilidad productiva y la inversión de largo plazo. El marco legal francés —el Estatuto de los Arrendamientos Rústicos— es una referencia: sus contratos van de 9 a 25 años y están diseñados para proteger al agricultor y garantizar condiciones de estabilidad que incentivan la inversión en el predio. En la misma dirección, permitir que los productores de cada región funcionen como proveedores de los establecimientos educativos y de salud, así como de otras instituciones de gestión estatal que demanden alimentos, contribuiría al arraigo y a la articulación entre producción local y demanda pública.
A pesar de su gran potencialidad productiva, las condiciones laborales en el sector hoy por hoy son alarmantes: la informalidad laboral en el trabajo rural llega al 65% en Argentina según estimaciones disponibles, y podría alcanzar el 80% a nivel regional según datos de la OIT. Se propone revisar el Estatuto del Peón Rural a la luz de los cambios tecnológicos y de los procesos productivos actuales, incluyendo la incorporación de inteligencia artificial en el agro, y avanzar en la formalización de los trabajadores rurales. Para esto es clave contar con datos completos y fehacientes. De ahí que reorganizar la información del Consejo Nacional de Trabajo Agrario se vuelve necesario para mejorar la medición y el seguimiento del nivel salarial del sector.
Si buscamos una Argentina con un futuro próspero, la orientación general debe ser clara: no alcanza con liberalizar y esperar que el mercado ordene el agro. Se necesita una política nacional que combine divisas, tecnología, infraestructura, empleo, federalismo y desarrollo territorial, en articulación con los principales sujetos sociales agrarios. Por eso, políticas agropecuarias como las que proponemos potenciarían, en este contexto histórico, las capacidades productivas del país en pos de un futuro mejor para los argentinos.
