Lic. Ayelén Ventimiglia (FCE-UNLP)
Lic. Breno Nunes Chas (FCE-UBA, FM)
La energía debe ocupar un lugar central en una estrategia macroeconómica y productiva de desarrollo. Si bien en el pasado fue una fuente recurrente de demanda de divisas, presión sobre la balanza de pagos y tensión fiscal, en los últimos años esa función empezó a modificarse: la balanza comercial energética registró un saldo positivo de USD 5.730 millones en 2024 y de alrededor de USD 7.829 millones en 2025. Este cambio marca un punto de inflexión: Vaca Muerta y el conjunto del complejo energético ya no deben pensarse sólo como una promesa futura, sino como una herramienta concreta para aliviar la restricción externa, acumular reservas genuinas, sostener una macroeconomía más estable y apuntalar el desarrollo productivo.
Pero las divisas no alcanzan. El desafío es que ese excedente no se limite a cerrar cuentas externas de corto plazo, sino que se transforme en infraestructura, proveedores nacionales, empleo calificado, capacidades tecnológicas, seguridad de abastecimiento y mejores condiciones de vida. La política energética debe combinar tres objetivos que muchas veces aparecen separados: generación de divisas, industrialización y acceso. Si sólo se maximiza la exportación, se corre el riesgo de consolidar enclaves extractivos; si sólo se piensa en tarifas bajas sin inversión, se debilita la seguridad del sistema; y si sólo se promueven inversiones sin encadenamientos locales, la transición puede reproducir dependencia tecnológica y financiera. La energía puede estabilizar la macro, pero sólo será desarrollo si deja algo más que dólares.
La abundancia de recursos no garantiza por sí sola seguridad energética. Tener gas bajo tierra no equivale a tener energía disponible para hogares, industrias, comercios y economías regionales. Entre el recurso y el usuario hay gasoductos, plantas compresoras, redes eléctricas, almacenamiento, refinerías, contratos, financiamiento, operación del sistema y capacidad estatal de respuesta. La experiencia reciente mostró que incluso un país con reservas no convencionales de escala mundial puede enfrentar importaciones caras, cortes a grandes usuarios, restricciones de suministro y fragilidades frente a picos de demanda o emergencias climáticas. Si la Argentina recupera crecimiento industrial y las obras llegan tarde, la energía puede volver a transformarse en cuello de botella. Sin infraestructura y planificación, Vaca Muerta no prende una fábrica ni calefacciona un hogar.
La transición energética debe ser una política de desarrollo nacional, no una adaptación pasiva a una agenda definida por otros. Esto supone producir más energía, pero también producir mejor: reducir emisiones, diversificar la matriz, mejorar la eficiencia energética, ampliar la generación renovable, fortalecer la red de transporte eléctrico, garantizar un acceso justo y asequible y construir capacidades tecnológicas propias. En este punto aparece una tensión central: Vaca Muerta requiere inversión, reglas previsibles y precios que hagan viables los proyectos; al mismo tiempo, una estrategia nacional necesita energía asequible para hogares, pymes y sectores productivos. Si la energía se vuelve demasiado cara, deteriora ingresos, limita la competitividad y debilita la legitimidad social de la transición.
Esa tensión obliga a discutir con precisión cómo se gobierna la renta energética. No se trata de contraponer reglas previsibles y apropiación social de la renta, sino de definir un contrato de desarrollo que combine inversión pública y privada, estabilidad para proyectos de largo plazo y contraprestaciones verificables para el país. En este punto, regímenes como el RIGI pueden transformarse en una restricción central si consolidan grandes inversiones sin exigencias suficientes de abastecimiento interno, integración de proveedores nacionales, transferencia tecnológica, empleo calificado, protección ambiental y aporte a la infraestructura. La previsibilidad no puede significar renunciar a la capacidad estatal de orientar el desarrollo; y la captura de renta no puede tomar la forma de decisiones discrecionales que bloqueen inversiones de largo plazo. El equilibrio debe ser claro: reglas estables para invertir, pero también obligaciones concretas para que la renta energética financie infraestructura, capacidades productivas y transición energética.
La transición también debe incorporar la demanda. No alcanza con ampliar la oferta de gas, petróleo, electricidad o renovables; también hay que intervenir sobre cómo se consume la energía. La eficiencia energética en viviendas, edificios públicos, industrias y comercios puede reducir picos de demanda, mejorar la asequibilidad, disminuir emisiones y generar empleo en construcción, mantenimiento, equipamiento y servicios técnicos. La sustitución de artefactos ineficientes, la mejora de envolventes edilicias, la gestión inteligente de consumos, la generación distribuida y la electrificación progresiva de ciertos usos finales deben formar parte de la política energética. La energía más barata y limpia también es aquella que no se desperdicia. Por eso, la discusión no debe formularse como “gas o electricidad”, sino como la búsqueda de la combinación que garantice acceso, seguridad, eficiencia y desarrollo productivo en cada territorio.
El debate energético se inscribe en un contexto internacional más exigente y atravesado por una creciente disputa geopolítica. La transición energética global no sólo modifica tecnologías y patrones de consumo: también reordena el poder económico internacional, la competencia por minerales críticos, el acceso al financiamiento, las cadenas globales de valor, la infraestructura estratégica y la seguridad energética de los países. La disputa ya no es sólo por petróleo y gas; también es por litio, cobre, tierras raras, níquel, grafito, baterías, paneles solares, redes eléctricas, electrolizadores, software, certificaciones y estándares ambientales. En este escenario, la Argentina debe evitar quedar ubicada como proveedora primaria de recursos naturales, importadora de tecnología y receptora pasiva de reglas definidas en otros mercados. La soberanía energética no es aislamiento: es capacidad de decidir, regular, fiscalizar, industrializar y construir poder de negociación.
Para Argentina, la transición energética debe pensarse como un cuadrilema. A las dimensiones clásicas de seguridad energética, acceso justo y sostenibilidad ambiental debe sumarse la dimensión tecno-productiva: qué capacidades industriales, científicas, laborales y empresariales se construyen alrededor de la transición. El país cuenta con una canasta diversa de activos estratégicos: gas y petróleo no convencional, litio, cobre, capacidades nucleares, potencial renovable, bioenergía, biocombustibles, ingeniería, universidades, sistema científico-tecnológico y proveedores industriales. Esa diversidad es una ventaja si se articula bajo una estrategia común. La política energética no debería elegir un único “recurso ganador”, sino construir complementariedades entre hidrocarburos, minerales críticos, energía nuclear, renovables, bioenergía, hidrógeno, eficiencia energética y capacidades tecnológicas.
Vaca Muerta y el gas natural ocupan un lugar particular dentro de esta estrategia. Sin duda, el gas puede funcionar como combustible de transición: permite sostener abastecimiento interno, sustituir combustibles más contaminantes (como carbón o líquidos), generar divisas y respaldar una matriz con mayor participación de renovables, almacenamiento y electrificación. Pero no reemplaza la transición. Su aporte depende de cómo se articule con infraestructura, contratos, integración regional, captura de renta, proveedores nacionales y tecnologías de bajas emisiones. La ventana de oportunidad para los hidrocarburos no es indefinida: aunque el gas y el petróleo seguirán siendo relevantes durante la transición, la electrificación, las renovables y las restricciones al financiamiento fósil pueden reducir progresivamente los márgenes de rentabilidad. La prioridad es transformar renta presente en capacidades futuras.
La integración regional puede ampliar esa oportunidad. América del Sur tiene recursos, demandas e infraestructuras complementarias, pero todavía presenta bajos niveles de intercambio energético en comparación con regiones más integradas. Una mayor interconexión eléctrica permitiría aprovechar mejor los recursos renovables, reducir costos, disminuir necesidades de respaldo, gestionar sequías y fortalecer la resiliencia del sistema. En materia gasífera, la caída del gas convencional regional vuelve más relevante la posibilidad de exportar gas argentino a Brasil, Chile y otros países de la región. Brasil aparece como el mercado de mayor escala por su demanda industrial, energética y potencial de agregado de valor; Chile puede beneficiarse por la sustitución de combustibles más contaminantes; y Bolivia, Paraguay y Uruguay pueden cumplir roles de tránsito, articulación o demanda específica. Pero la integración no se construye sólo con recursos: requiere infraestructura, contratos firmes, reglas de comercialización, financiamiento, seguimiento de suministro y reconstrucción de confianza entre países. La integración energética debe servir para construir escala, proveedores, formación, I+D, petroquímica, fertilizantes, servicios tecnológicos y cadenas de valor sudamericanas.
El empleo, la dimensión ambiental y el federalismo deben ocupar un lugar más preciso en esta discusión. El sector hidrocarburífero es intensivo en capital y no garantiza por sí mismo una expansión significativa del empleo directo; por eso, el objetivo no puede ser esperar un derrame automático de Vaca Muerta, sino construir deliberadamente el multiplicador productivo: pymes metalmecánicas, ingeniería, software aplicado, operación y mantenimiento, servicios ambientales, logística, construcción, formación técnica y proveedores regionales. A la vez, la transición no puede dejar como herencia territorios degradados, conflictos por agua, afectación de actividades productivas preexistentes o pasivos ambientales sin reparación. Los recursos naturales pertenecen a las provincias, pero la política energética requiere coordinación nacional, participación efectiva de gobiernos locales y una mirada federal sobre las distintas realidades productivas, climáticas y sociales del país.
Para avanzar en esa dirección, una política energética alternativa debería apoyarse en un conjunto acotado de instrumentos. En primer lugar, un plan federal de infraestructura que priorice gasoductos, plantas compresoras, redes de alta y media tensión, obras de evacuación renovable, almacenamiento, modernización de refinerías, logística de combustibles, interconexiones interprovinciales y soluciones de abastecimiento adecuadas a distintas realidades productivas y sociales. En segundo lugar, una estrategia de integración energética sudamericana que combine gas, GNL, electricidad, contratos de largo plazo, cooperación técnica, financiamiento regional y mecanismos de seguimiento de suministro. En tercer lugar, un programa de proveedores nacionales y capacidades tecnológicas para hidrocarburos, renovables, nuclear, litio, cobre, hidrógeno, bioenergía, biocombustibles y eficiencia energética, con una estrategia realista de integración local en metalmecánica, ductos, transformadores, tableros eléctricos, montaje electromecánico, obra civil, ingeniería, software, sensores, operación y mantenimiento, servicios ambientales, logística, certificación y adaptación tecnológica.
En cuarto lugar, debe discutirse la creación de un fondo de desarrollo energético financiado con parte de la renta del sector, con gobernanza federal y destino específico a infraestructura, ciencia y tecnología, transición energética, eficiencia, electrificación, proveedores y diversificación productiva. Este fondo no debería pensarse necesariamente como un nuevo impuesto aislado, sino como una herramienta para ordenar recursos existentes y eventuales mecanismos de captura de renta, con reglas transparentes y objetivos verificables. En quinto lugar, se requiere revisar los marcos regulatorios del gas y la electricidad para adecuarlos a una transición que exige inversión, acceso, eficiencia, electrificación, generación distribuida, almacenamiento, integración regional y planificación pública. Los marcos heredados no pueden ser llevados simplemente a su extremo liberalizador ni sostenerse sin discusión: deben ser repensados en función del desarrollo.
Finalmente, todo este proceso requiere reconstruir capacidades estatales. No hay transición energética sin planificación, y no hay planificación sin equipos técnicos, información, regulación, control, prospectiva, financiamiento y coordinación política. Sin esas capacidades, la transición quedará en manos de decisiones fragmentadas o de la lógica exclusiva y cortoplacista del mercado. La orientación general debe ser clara: la energía ya es parte de la solución a la restricción externa, pero las divisas no alcanzan; Vaca Muerta tiene una ventana de oportunidad, pero esa ventana debe financiar capacidades futuras; el gas puede ser combustible de transición si acompaña y no bloquea la diversificación de la matriz; y la abundancia de recursos sólo será desarrollo si se transforma en infraestructura, tecnología, empleo, proveedores, integración regional y acceso justo para la sociedad.
