¿Las personas excluidas no quieren trabajar? ¿Los “planes” reemplazaron al trabajo? ¿Hay demasiada ayuda social? En el debate público argentino, las políticas sociales para las personas en edad de trabajar suelen aparecer rodeadas de sospechas, simplificaciones y jucios elaborados a priori de los datos. Mientras las políticas universales para las infancias empiezan a consolidar consensos —incluso entre gobiernos de distinto signo político—, cuando se trata de adultos pobres la conversación vuelve siempre al mismo punto: quién merece recibir ayuda, quién la administra y qué se debe exigir a cambio.

Los datos, con todo, cuentan una historia que no es tenida en cuenta. La mayoría de las personas pobres en edad de trabajar ya trabaja. En Argentina, el 59% tiene empleo y aun así no logra salir de la pobreza. Otro 18% realiza tareas de cuidado no remuneradas, en su mayoría mujeres. Trabajan incluso más horas que las personas no pobres, pero lo hacen en condiciones mucho más precarias: la diferencia clave es la formalidad. Mientras que entre quienes no son pobres más del 80% tiene trabajo registrado, entre los trabajadores pobres esa cifra apenas supera el 40%. El problema no es la falta de esfuerzo individual, sino la calidad del empleo, la informalidad y la ausencia de políticas que reconozcan trayectorias laborales distintas.

En los últimos treinta años, la política social para personas en edad de trabajar en Argentina cambió de forma al menos diez veces, con distintos nombres, reglas y coberturas. En este informe proponemos encarar el desafío desde otro lugar: entender quiénes son hoy las personas pobres que trabajan, cuidan y producen en el país, y pensar políticas que respondan a esa realidad.